La regla de carga pública esta bloqueada en todo el país por dos órdenes judiciales federales

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El 29 de julio de 2020, un tribunal federal emitió dos mandamientos judiciales a nivel nacional bloqueando temporalmente las reglas de “carga pública” de la administración de Trump, reconociendo que las reglas amenazan la salud pública durante COVID-19 porque hacen que las familias inmigrantes tengan miedo de acceder a las pruebas, tratamiento y otros recursos que sus familias necesitan para mantenerse saludables. Esta orden judicial impide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) haga cumplir, aplique, e implemente la regla de “carga pública” durante cualquier período durante el cual haya una emergencia de salud nacional declarada en respuesta al brote de COVID-19. El tribunal también  ordenó al Departamento de Estado de los EE. UU. no aplicar sus reglas paralelas de “carga pública”, incluida la Proclamación de Atención Médica del presidente, a los solicitantes de visas en las embajadas y consulados de los EE. UU. en el extranjero.

A principios de este año, la Administración de Trump implementó nuevas y severas reglas de carga pública. La carga pública es una regla de inmigración desde hace mucho tiempo que permite al gobierno negar la entrada o residencia en los Estados Unidos si se determina que un inmigrante no podrá mantenerse a sí mismo. Rara vez se utilizaba para negar la entrada o la residencia en el país. A pesar de que muchas categorías de inmigrantes están exentas de las reglas de carga pública, los cambios de la Administración causaron temor y confusión a las familias inmigrantes. Como se explica en un informe reciente publicado conjuntamente con Appleseed de Carolina del sur,  “Las políticas de inmigración de la Administración de Trump están perjudicando a los niños y familias en las Carolinas“, muchas familias inmigrantes han decidido cancelar la inscripción de sus hijos ciudadanos estadounidenses de programas públicos como Medicaid por temor a que impida que los padres ajusten su estatus migratorio en el futuro, aunque no lo hará.

Louise Pocock, abogada de política de inmigración de Appleseed de Carolina del Sur, recibió de buena manera estas órdenes judiciales afirmando:  “Es un alivio que las familias inmigrantes de Carolina del Sur ahora puedan estar seguras de que acceder a la atención médica o recibir beneficios públicos que podrían necesitar durante COVID-19 no dañará sus opciones de inmigración en el futuro porque muchas familias están en apuros en este momento”.

Visite los recursos de SC Appleseed sobre carga pública para obtener más información sobre la carga pública y encontrar información sobre las familias afectadas.